Pasada la Cumbre de Río, de abrazos presidenciales forzados y fingidos, la dura realidad de los colombianos sigue siendo la misma: un país bañado en sangre por más de cuatro décadas de la más miserable violencia. Hace mucho que la validez de los reclamos de las FARC -hoy salpicados por el narcotráfico- dejaron de ser ideológicos.
La democracia colombiana les ha abierto una y otra vez las puertas, y su respuesta ha sido más secuestros y muertes. En vez de andar coqueteando con estos terroristas -y justificando contactos humanitarios- los mandatarios latinoamericanos están en la obligación de enviar un mensaje vertical de respaldo absoluto al sistema democrático de Colombia. Se trata de un deber inequívoco, particularmente obligante a las naciones colindantes con este país.
Por cada exitosa liberación, quedan cientos de seres humanos plagiados en la más infernal de las condiciones, y por cada saludo solidario a estos terroristas, hay miles de inocentes colombianos sepultados en un drama que ninguno de nosotros quisiéramos en nuestras tierras.
