Ahora, más que nunca, las autoridades ambientales tienen que ser exigentes, minuciosas y, sobre todo, ejercer el poder que les otorga la ley y la Constitución. Hay una larga lista de proyectos de toda índole que están en sus manos: van desde cementeras, refinerías, hasta proyectos residenciales, termoeléctricas de carbón y bunker, hidroeléctricas, etc.
Todas ellas, con afectaciones a vecinos, aguas, aire, manglares. En fin, mucho trabajo y un equipo humano que parece insuficiente y, en algunos casos, o muy permisible o carente del grado de profesionalidad requerido.
El progreso puede tener un precio, pero la vida de las personas es superior, por pocas que estas sean. Y siendo las autoridades las responsables de su bienestar, no les debe temblar la mano para detener proyectos que, aunque aparentemente necesarios, potencialmente son o serían peligrosos para los ciudadanos.
Este país claramente tiene vocación por los asuntos ecológicos y, de hecho, debemos buena parte de nuestra riqueza a la naturaleza. Así que no es un capricho vigilar nuestros recursos, es una necesidad.
