Lo que hizo la Asamblea Nacional en diciembre, al introducir reformas al Código Judicial y, al mismo tiempo, modificar el Código de Comercio, revela el poco respeto que siente por la opinión pública. Se trata de una ley que permitirá que los acusados de una quiebra solo informen al juez –en vez de pedir su permiso– para ausentarse del país.
La nueva norma es muy específica, por lo que también resulta sospechosa, en especial por los casos de altos perfil que están a la espera de fallos. Asimismo, el hecho de haber introducido la modificación en una legislación que nada tiene que ver con el Código de Comercio, solo alimenta la suspicacia.
La nueva disposición es una puerta trasera bastante ancha para beneficiar a personas que, con salir del país, estarán fuera del alcance de la ley, lo que evidencia el trasnochado fondo de la reforma. Si ello ocurriera, la Asamblea deberá asumir su responsabilidad frente a la gravedad de los hechos.
