La justicia en Panamá tiene mala fama. Ese es un hecho indiscutible. Los ciudadanos perciben la Corte Suprema de Justicia como un órgano corrupto y por ello existe un clamor ciudadano para que verdaderamente se imparta justicia.
Es esta la razón que ha impulsado a grupos civiles organizados a pedir que el nuevo Código Procesal Penal incluya en su articulado la posibilidad de que los diputados sean investigados cuando se requiera por el Ministerio Público en vez de la Corte Suprema de Justicia.
Las propias estadísticas de este órgano del Estado revelan el enorme beneficio que ha significado para diputados y ex legisladores su mora judicial. Por ejemplo, la Corte tiene en sus manos 54 procesos abiertos contra 33 diputados y ex legisladores, algunos de ellos con fecha de 2002, sin que hasta la fecha se haya promulgado ningún fallo.
Y no son delitos insignificantes: la mayoría es contra la administración pública. Con estos números, ¿se justifican las preocupaciones ciudadanas?