Si hay una institución que tiene tiempo para planificar el uso de sus recursos es el Tribunal Electoral. Por ello es inexplicable que contratos millonarios resulten adjudicados en negociaciones directas. La razón de ser de los actos públicos, además de la transparencia, es ahorrar a los contribuyentes pagos onerosos por estos servicios. La reciente confrontación con la Contraloría General de la República por causa de la adjudicación directa de un contrato de 3.7 millones de dólares, tiene consecuencias que afectan la imagen y credibilidad del Tribunal, y sería una verdadera lástima que un ente que goza de buen prestigio lo pierda innecesariamente. Y no es la primera vez que este tipo de negociaciones lo ponen en la palestra pública, pues en el pasado ocurrió un hecho similar y que también tenía que ver con la identificación ciudadana. Y, tal como lo dice el refrán, la gota orada la roca. La transparencia no se reduce únicamente a elecciones limpias. La buena administración de los dineros del pueblo panameño también es necesaria.
Hoy por Hoy 2008/02/09
09 feb 2008 - 05:00 AM
