Los poderes que tiene el Ejecutivo para legislar mediante decretos-ley están próximos a concluir, pero la ciudadanía sigue sin conocer el fondo de las modificaciones que este se propone hacer a las legislaciones existentes.
En otras palabras, el Gabinete ha manejado el tema con suma oscuridad, privando al ciudadano de la transparencia que requiere la aprobación de nuevas leyes. Si bien la Asamblea puede otorgar estos poderes especiales, lo cierto es que esta es una práctica poco saludable para la democracia. Y ya se percibe un abuso, pues se cuentan por decenas los decretos-ley, incluidos los aprobados por esta administración.
Las nuevas tendencias en materia de democracia exigen del ciudadano una participación activa en los asuntos que le atañen. Excluirlo es robarle su derecho a forjar su entorno y su presente. Los políticos deben ser conscientes de esto e impedir que ocurra, pues ellos no son otra cosa que voceros del soberano, en este caso, el pueblo panameño.
