Lo bueno de tener una Asamblea Nacional es que las leyes que van a ser aprobadas –o rechazadas- siempre pueden ser revisadas, analizadas, discutidas, examinadas o criticadas por quienes se sienten afectados. Pero hay más: el ciudadano –ese que emite el voto cada cinco años- también puede hacerlo e, incluso, puede opinar.
Pero cuando la Asamblea cede su derecho de legislar al Ejecutivo, los ciudadanos somos relegados a una olvidada esquina del escenario político. Tal es el caso actual: el Gabinete se apresta a aprobar legislaciones importantes, pero el panameño común no tiene ni la más remota idea de qué se discutirá porque nadie ha considerado que tiene derecho a saberlo. Como si gobernar fuera poca cosa, el Ejecutivo pretende también legislar... y a espaldas del pueblo.
Esa oscura práctica debe terminar de una vez por todas. Si el Presidente hubiese querido hacer leyes, mejor se habría postulado a legislador, pero lo que no puede hacer ahora es ponerse ambos sombreros y aspirar al beneplácito popular.
