La posición del Ministerio Público panameño es delicada. Todo esfuerzo que se hace por investigar casos de corrupción de alto perfil, es obstaculizado por la Corte Suprema. Más grave aún, cuando actúa, se ve amenazado por parte de los propios magistrados.
La Procuradora ha emitido su parecer y ha pedido el sobreseimiento de una fiscal que simplemente cumplía con su obligación legal. La Corte, en vez de propiciar que se aclare lo ocurrido –y así determinar si hubo o no delito–, enfurecida pretende convertir a la investigadora en delincuente.
La tesis planteada por la magistrada Dixon es aterradora: el manto protector a los magistrados no termina cuando abandonan el cargo, se les extiende infinitamente. Y ahora incluye también a sus asistentes. Pero peor aún, husmear cerca de los predios de la Corte, es atentar contra la personalidad del Estado. Al final, el laberinto jurídico ha logrado –una vez más– atrapar a la justicia.
¡Que reine la impunidad en el Istmo!
