Una fecha dolorosa que dio origen a un movimiento cuyo solo nombre estremece al recordar –aquella tarde del lunes 23 de octubre de 2006– las escenas en vivo de un bus ardiendo con 18 cuerpos dentro.
Esos hombres, mujeres y niños que emprendieron sin saberlo su último y desventurado viaje terrenal, no merecían recibir como infortunado homenaje póstumo una ley sancionada precisamente ayer y que en nada cambia el statu quo de los concesionarios-transportistas. Así, los familiares de esos 18 seres que apagaron su luz hace un año, hoy ven con impotencia que su cruzada cotidiana y desvelos –aunados al irreparable vacío que causa la ausencia irreemplazable de sus seres queridos– no han servido para destronar a los regentes de un sistema que no respeta la dignidad humana.
El transporte público es una vergüenza para todos los panameños, y en especial para los de a pie, que no tienen otra alternativa que encomendarse a Dios antes de abordar los que siguen siendo, literalmente, trampas de muerte. Un costo político que el gobierno no estuvo dispuesto a pagar.
