Una vez más, Panamá sale pésimamente evaluada en materia de lucha contra la corrupción. La deshonestidad en el sector público se consolida como la regla, y la transparencia sigue siendo la excepción. Y ni hablar de la corrupción judicial y su indiscutible liderazgo.
Estos duros señalamientos, vengan de organismos locales o internacionales, se han vuelto tan comunes a través de los años que ya los panameños han perdido la capacidad de sorprenderse ante la rampante corrupción que navega impune por el país.
Sin embargo, se requiere urgente acción. Estamos frente a un cáncer que debemos atender con medidas drásticas y urgentes, de lo contrario se seguirá comiendo lentamente las bases de nuestra institucionalidad democrática. Lo más peligroso de este escenario es que si las propias autoridades siguen promoviendo la impunidad –bajo la cual se fermenta la corrupción–, podríamos llegar, incluso, a poner en riesgo la estabilidad política de Panamá.
