Esta semana se revelaron los resultados del último estudio de opinión del Pulso de la Nación. Ninguno de los tres órganos del Estado, según la percepción de la mayoría de los panameños, tiene la estatura moral para tutelar la justicia o para crear las leyes que estamos obligados a cumplir, o para gobernar.
Y, por supuesto, esto es un grave problema de gobernabilidad al que los políticos no le prestan atención. La corrupción es un mal que convive entre nosotros, pero ello no significa que tenemos que tolerarla. Ahora bien, su erradicación solo se consigue con un sólido sistema judicial y es allí donde el asunto se torna borrascoso.
Pues si el pueblo panameño no cree a nuestros magistrados dignos de impartir justicia, será difícil entonces que confíe en sus fallos. Y hay un magistrado en particular que nos debe muchas explicaciones: Winston Spadafora, sobre quien se ciernen serios cuestionamientos, acentuados con las acusaciones de corrupción formuladas por EU, para ahora enfrentar nuevas denuncias por la misma causa. Con este escenario, la Corte afronta una grave crisis, ya no solo de credibilidad, sino también de legitimidad.
