Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia están haciendo lo indecible para que las desapariciones forzadas perpetradas en la dictadura militar queden igual de enterradas como los casos Cemis o PECC. De nada valen antecedentes, leyes o tratados internacionales que señalan que los delitos de lesa humanidad –como estos, precisamente– no prescriben. Pero lo peor es que una de las magistradas que aboga por la prescripción de estos casos, pretende pertenecer a la Corte Penal Internacional, es decir, quiere llevar su miopía profesional allende nuestras fronteras.
Pre-tende transportar el espectáculo en que se ha convertido nuestra justicia fuera del patio de la casa, pero en La Haya, a un teatro lleno de espectadores que seguramente le encontrarán poca gracia a este chiste de tan pésimo gusto. ¿Qué quiere hacer ella allá?
¿Seguir emitiendo fallos que dejan ese ocre sabor a injusticia? ¿O quizá busca lucir la toga que tanto parece desear? La estatura de un jurista se mide por la justicia que imparte y por la sapiencia de sus actos, no por la banalidad del ropaje que exhibe su vanidad.
