Diez meses han pasado desde aquel aciago día en el que un bus del transporte colectivo apagó de cruenta manera la vida de 18 panameños a los que todavía se les adeuda justicia.
No pocas veces la dirigencia transportista ha menospreciado el recuerdo de estas personas, al negarse a ser sometida a regulaciones que podrían salvar las vidas de sus pasajeros. Pero peor papel es el que han jugado las autoridades responsables de velar por la seguridad de los usuarios. Juntos reguladores y transportistas hacen pareja en un tango en el que el piso parece ser el pasajero.
El papel de la Asamblea también ha sido lamentable y vergonzoso. Allí se han unido sindicalistas y algunos diputados que bajo su elegante traje esconden sus mezquinos intereses, incluidas las monedas que reciben del alquiler de sus propios autobuses. ¿Cómo pueden mirar a los ojos de los familiares de las víctimas sin sentir remordimiento o la voz de su conciencia? ¿O es que no tienen ni lo uno ni lo otro?
