La justicia en Panamá parece haber olvidado a las víctimas. La ley –o su interpretación- es particularmente generosa con los derechos y garantías de los acusados. Si bien debe haber un balance –que garantice los derechos de unos y de otros lo que ha imperado hasta ahora es la impunidad, derivada del desbalance que ha favorecido a los presuntos victimarios.
Pero, para desgracia de éstos, la justicia se ha “globalizado” y cuando las víctimas no la encuentran aquí, aún cuentan con las cortes internacionales. Panamá ha probado el sabor de la derrota en esos juicios.
Lo vergonzoso de someterse a estos procesos es que, además de fracasar, nuestros gobiernos incumplen los fallos en su contra, que generalmente se traducen en penas pecuniarias que debemos asumir –eso sí– todos los panameños, gracias a la inútil arrogancia de gobernantes incapaces de reconocer y reparar sus errores.
Los jueces, ya sean municipales o de la Corte Suprema, tienen que ser garantes de la justicia para que los tribunales dejen de ser el trampolín para legitimizar la impunidad.
