Con dinero no se logra justicia. El pago que el Gobierno realizará esta semana a los familiares de las víctimas por envenenamiento, es una ayuda económica de utilidad, sin duda. Sin embargo, más allá del dinero que recibirán, estas familias siguen esperando que se haga justicia para sus seres queridos; aquellos que perdieron su vida o quedaron afectados debido a una negligencia que nunca debió suceder.
Hoy, ocho meses después de aquel fatídico día en que el país se conmocionó con el anuncio de las muertes misteriosas, todavía no se ha llamado a juicio a nadie; las comisiones nombradas por el Presidente no han producido resultados concretos; y seguimos sin saber quiénes son los verdaderos dueños de Medicom.
Además, los panameños exigimos garantía de que se han tomado todas las medidas necesarias para que una tragedia de tal magnitud no vuelva a ocurrir. Ya sabemos que el incendio del 8B-06 no fue suficiente para que el Gobierno actuara de forma contundente; esperemos pues, que la vida de más de 100 personas no se haya esfumado en vano.
