La corrupción en la PTJ es simplemente imposible de disfrazar. Por ello, remover su cúpula y colocar personal de innegable confianza del Ministerio Público parece mandarnos el mensaje de que la batalla contra el crimen organizado apenas empieza, y se librará desde adentro.
Nos corresponde a todos –como parte afectada y víctimas de la delincuencia y el abuso– pararnos firmes y rechazar enérgicamente cualquier tentativa de mantener el statu quo de descomposición en las filas de la institución que desde su creación, en 1991, no ha hecho sino perder credibilidad a la misma velocidad con que gana desprestigio.
La Procuradora parece haber tomado nota de la podredumbre y, aprovechando que la ley todavía le concede la facultad nominadora, ha designado a uno de los fiscales con mayor experiencia en el Ministerio Público para que intente sanear la entidad. La tarea se vislumbra herrumbrosa, pues el sistema putrefacto activará sus mecanismos de autodefensa y hará todo lo posible para que Ayú Prado fracase. Es allí donde interviene el apoyo ciudadano. Estaremos vigilantes.
