La discusión en la Comisión de Transporte de la Asamblea acerca del proyecto de ley que reforma el sector transporte parece que dará finalmente su primer paso. La iniciativa nació en circunstancias dramáticas, a la sombra de la muerte de 18 personas en un bus que se incendió el año pasado. Siete meses después, los panameños cabeceamos a la espera de que el proyecto avance, pero nada.
La Asamblea ha sido un afanoso cómplice de los transportistas en su pretensión de que el sector sea lo menos regulado posible o de impedir que se abran oportunidades a otros interesados en mejorar las pocas y pésimas opciones con las que cuenta actualmente el usuario. Pero dilatar la urgencia del tema ha sido infructuoso. Lo que ha provocado es la impaciencia de los usuarios.
Pero, además, es un asunto que está lejos de ser olvidado. La Asamblea debería contar con reglamentos estrictos sobre conflictos de intereses para evitar que sean los diputados transportistas, por ejemplo, los que dirijan o –como en este caso– dilaten asuntos de su interés particular.
