Manuel Antonio Noriega, el general condenado en Panamá por el asesinato de varios de sus compañeros de armas; que dio una continuidad despiadada a la dictadura; que se burló de los panameños al promover fraudes electorales; que desterró a decenas de ciudadanos; que acabó con la economía y que llevó a la ruina a miles de personas, saldrá pronto de la cárcel en Estados Unidos. Irónicamente, el Gobierno no manifiesta ningún interés en que el delincuente regrese al país a pagar por sus abominables crímenes.
En cambio, Francia es el que insiste en que sea conducido ante sus tribunales por delitos que, comparados con los que cometió en Panamá, podría decirse que son menudencias. Si este Gobierno no hace lo que está obligado a hacer, es decir, reclamar decididamente al delincuente, su omisión solo puede interpretarse como un desprecio a la institucionalidad y una oda a la injusticia.
La presencia del general en Panamá quizá resulte incómoda, pero solo así los panameños tendremos justicia.
