Frente a nuestros ojos, un cercano familiar del Presidente de la República descaradamente hace uso y alarde de sus influencias para obtener la propiedad casi regalada de miles de metros de un área de manglares. Ante semejante desfachatez, la reacción del gobierno PRD no se hace esperar: la Asamblea iniciará una investigación. Nos preguntamos: ¿A título de qué la Asamblea se inmiscuye en un asunto que compete a otra instancia?
¿Dónde está el MEF para ejercer su función de custodio de los bienes públicos? ¿Qué dice la DRP sobre la lesión patrimonial? O en todo caso, ¿por qué no se ventila en la esfera judicial al tratarse de un delito ecológico expresamente tipificado y, más aun, con pena de cárcel agravada cuando la acción delictiva –como en este caso- destruya total o parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales?
Anam habla meramente de una multa. Señores, el asunto no es pagar un dinerito y salirse con la suya. El daño es irreversible y la sanción tiene que ser ejemplar: prisión, reversar la transacción amañada, e indemnización pecuniaria y medidas de mitigación frente el perjuicio causado. Menos sería impunidad.
