La Ley 22 de junio de 2006 –que regula la contratación pública– ni siquiera tiene un año de vigencia y ya el Ejecutivo emitió una resolución para evitar que los proyectos del Fondo del Programa de Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (Prodec) estén sometidos al rigor de sus disposiciones.
Este tipo de prácticas es lo que tantos escándalos ha causado en el Fondo de Inversión Social. ¿Acaso eso es lo que pretende el Presidente? Y esto hace que nos preguntemos ¿de qué sirve la ley si hay una amplia puerta trasera que permite estas licencias so pretexto de que las obras son urgentes? ¿De qué vale pagar a diputados para que hagan leyes, si al final se pueden hacer contrataciones directas con una simple resolución? Si tan engorrosa resulta una licitación, ¿por qué no se analizó cuando se discutía la ley?
Considérese que con este mismo argumento se podrían contratar de forma directa las obras para ampliar el Canal porque estas también son urgentes. Las intenciones pueden ser buenas, pero el Ejecutivo está abriendo una puerta cuya llave ya quisieran tener muchos funcionarios.
