El doble discurso de los diputados es espectacular. Cuando analizaban el nuevo Código Penal, varias organizaciones pidieron con vehemencia a la Asamblea postergar su discusión, pues su contenido era cuestionable, incoherente y permisible. Pero los diputados no oyeron, mucho menos escucharon.
Siguieron adelante, sin importar a quienes aplastaban a su paso. Como era de esperar, su inescrupuloso proceder ha dejado víctimas, entre ellas, el Estado y, por supuesto, los ciudadanos. Pero a la hora de discutir los cambios en la Ley 14 –que regula el transporte público– los diputados hallan todas las excusas con tal de evadir el problema y, de paso, seguir preservando los bien arraigados intereses que los dirigentes transportistas tienen en ese Órgano del Estado.
A primera vista, es inentendible su conducta para el resto de los ciudadanos, mucho menos sus prioridades. Pero al final, su actuar responde a una lógica, pues la preservación del negociado del transporte, la reducción de las penas en los delitos contra el patrimonio del Estado y las mordazas al escrutinio público y a la prensa llevan todas una secuencia bien definida. De inocentes no tienen un pelo.