Hoy por Hoy 2007/02/22

Uno de los graves peligros de reformar un código penal a la carrera es la pobreza y la ambigüedad de sus disposiciones. Mientras más vagos sus artículos, más fácil será que quienes detentan el poder arrimen las decisiones judiciales a sus intereses. En el caso de los artículos que los diputados se empeñan en adoptar, y que limitan la libertad de expresión, es evidente el propósito encubridor y tiránico. Resulta que la fiscalización que los periodistas hagan de los privilegios o recursos del Estado por posibles actos de corrupción sería ahora “espionaje”, como también será delito la publicación de documentos referidos a asuntos ilícitos. En nuestro país es vergonzoso ver cómo los políticos van moldeando las leyes para justificar lo injustificable. Ya es suficiente sentir que cuando se dejan al descubierto escándalos de corrupción, no haya consecuencias. El Gobierno pretende ir más lejos al penalizar el simple hecho de contar la verdad. Si Martín Torrijos permite que el Código de los diputados se convierta en el Código de los panameños, será recordado como censor y antidemócrata. El desliz le puede salir muy costoso.