La moralidad de nuestros funcionarios es un asunto que muchos toman a la ligera. Pero, precisamente, por carecer de ésta es que se permiten afirmar con abierto descaro que mientras no violen la ley, todo es permitido.
Este tipo de vandalismo moral está lejos, pero muy lejos de ser una conducta propia de un funcionario. Si bien no hay cárcel por nepotismo, quien lo practica se despoja de ese ropaje –que más bien es un disfraz– de supuestas virtudes con el que se cubre para esconder lo que es en realidad: un depredador, que ve en el Estado la forma más fácil y acomodaticia de vivir. Que un servidor público reconozca que tiene familiares bajo su jurisdicción y gracias a su influencia, es una bofetada a la ciudadanía, que somos quienes pagamos sus salarios y confort.
Deben entender de una buena vez que las instituciones del Estado pertenecen a la colectividad panameña y de ninguna manera constituyen su finca personal. Resulta vergonzoso que sea un magistrado del Tribunal Electoral –custodio del sagrado voto ciudadano– el que trate de justificar lo injustificable: he ahí su estatura moral.
