En las economías donde impera el libre rejuego de la oferta y la demanda es habitual la sombra de la sospecha cuando se ve cómo un producto, sea de la marca que sea, aumenta su precio de forma inusualmente pareja. Pero es vergonzoso tener que sospechar también de manipulación en los precios de los servicios públicos.
La mera posibilidad de que 18 generadoras eléctricas hayan fraguado un acuerdo de precios, de facto monopolístico, es un llamado de atención que debe disparar todas las alarmas para buscar los contrapesos. En nuestro país, donde la norma es débil y su aplicación es flácida, necesitamos fortalecer las entidades de fiscalización y dotarlas de herramientas reales y efectivas de sanción.
Si hay un derecho del futuro, es el derecho del consumidor, y si hay un ser indefenso en este momento es ése. No podemos permitir que nadie se aproveche de las debilidades del Estado para sacar partido de los ciudadanos.
