El sonido del tambor batiente, tan característico del PRD, empieza a escucharse de nuevo en los predios del Palacio Justo Arosemena. En este caso, el conocido tamborileo se escuchará en las sesiones extraordinarias, en las que se le dará raudo y veloz trámite a nada más y nada menos que a dos códigos fundamentales para la reforma de la justicia penal, prometida por el presidente, Martín Torrijos, cuando creó el Pacto de Estado por la Justicia.
Las advertencias hechas por una gran cantidad de expertos, en el sentido de que los proyectos no enfrentan ni solucionan los conocidos problemas de impunidad, corrupción, mora judicial, el difícil acceso al sistema o la falta de transparencia, han caído en oídos sordos. Nada parece frenar la efectiva y aplastante maquinaria oficialista que impuso las reformas a la ley de la Policía Técnica Judicial para destituir a su director y que ha anunciado su intención de crear una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia.
Atrás, en el olvido, quedarán los discursos y promesas de transformar un sistema de justicia que mantiene en las cárceles del país solo a aquéllos que no pueden comprar su impunidad.
