Cosechamos hoy lo que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares sembró en 1994 y que ahora ha sido abonado por Martín Torrijos de manera sorprendente. En el contrato que en aquel entonces hizo PYCSA con el Estado panameño se dejó abierta la puerta para que esta compañía, con un simple visto bueno del Ministerio de Obras Públicas, pudiera ceder sus concesiones a terceros sin que mediara licitación ni concurso alguno.
En un contrato, como el de la autopista Panamá-Colón, que comenzó por los 150 millones de dólares y, antes de romper la losa, ya va en 216 millones, parece un poco sospechoso. Torrijos necesita una gran obra durante su gobierno. No hay hasta ahora ni autopistas, ni corredores, ni costosos puentes ‘peatonales’.
Por tanto, ha movido con una rapidez inusitada un modelo de negocio con Odebrecht tan poco transparente como ilusionante para los usuarios de la vía. La autopista es muy necesaria, pero no a cualquier costo –económico o institucional-. Los panameños tenemos derecho a conocer con detalle las adendas del nuevo contrato y el papel que el Estado va a jugar.
