Cualquier ciudadano de este país quiere saber quiénes son los verdaderos responsables de las muertes por intoxicación con medicamentos de la Caja de Seguro Social. Por esa razón, la investigación que se inicia sobre el papel que jugaron los más altos cargos del Gobierno involucrados en el escándalo debe ser de extrema seriedad y transparencia.
Cualquier juego de sombras u ocultación, cualquier muestra de duda o titubeo, puede ser interpretada por la ciudadanía como el camino hacia la impunidad. No hay que condenar a nadie por adelantado y la presunción de inocencia debe marcar cualquier paso del Ministerio Público, pero sí debe haber resultados claros y contundentes, sean estos a favor o en contra del ministro Alleyne o del director de la Caja, Luciani.
Es difícil creer que las responsabilidades acaben en los sótanos del sistema, pero lo que es realmente importante es que no nos quedemos una vez más -recuérdense casos como los del Cemis, Tucán, durodólares...- con la incertidumbre de la verdad y con la sensación agridulce de que algunos jamás pagan por lo que hacen.
