Desde hace años, la Policía Técnica Judicial parece ser la manzana de la discordia entre dos importantes dependencias del Estado que, en teoría, deben trabajar en armonía: la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
Pero en vez de eso, los ciudadanos somos testigos de cómo, cada cierto tiempo, sus actuales titulares lanzan avinagradas declaraciones una contra la otra y luego pretenden matizar con una infructuosa semántica. Pero la verdad es que mientras ambas envilecen sus cargos con estériles disputas, los panameños –y extranjeros– seguimos siendo las víctimas de aquéllos que son los principales beneficiados de estas públicas controversias: los bribones y la delincuencia común.
Los contribuyentes pagamos a ambas funcionarias elevados salarios para que cumplan con su deber... y ya es hora de que empiecen a hacerlo.
