Por fin los transportistas tomaron una decisión razonable después de tantas amenazas y posturas intransigentes en contra de la sociedad. Con la suspensión del paro previsto para hoy, no puede quedar el mensaje de que ellos están haciendo una concesión, pues la sola intención de cesar labores fue un chantaje y una presión indebida contra la institucionalidad y contra la comunidad entera.
Tampoco puede quedar la idea de que solo a través de medidas de fuerza es que se logran los acuerdos en este país: ellos tienen que entender que prestan un servicio público y que, como tal, están sometidos a unas reglas que deben beneficiar a todos y no en forma exclusiva y excluyente a ellos como gremio.
Mientras se discuten las reformas, queda la demanda impostergable de que se cumplan las leyes y reglamentos vigentes: si obedecieran las normas existentes –y la autoridad a exigirlas como le corresponde– empezaríamos a ver una mejora en el servicio, en el comportamiento de los buseros y en la seguridad de los usuarios.
