Las mancuernas en nuestra democracia son paradójicas. Se trata de una especie de embudo donde, al principio, todo parece amplio y posible y donde, al final, casi todo termina en un pequeño tubo. Así está ocurriendo con el asunto del transporte público.
Los dueños de ese sector irresponsable y negligente hablan con los honorables diputados como representantes del poder popular para forzar al Gobierno a amoldar la Ley 14 a sus intereses. Y resulta que esos honorables son ellos mismos. Tres de los siete miembros de la Comisión de Transporte de la Asamblea son transportistas y este no es el único caso, ya que las curules están en manos de profesionales en legislar para su propio beneficio (ganaderos, médicos, transportistas...).
El tubo de la Asamblea, entonces, va a adulterar la voluntad popular -que reclama cambios profundos en la ley - para desvirtuar la reforma. Esta vez, el Ejecutivo no puede dudar, no puede pestañear siquiera. Los ciudadanos no estamos dispuestos a aceptar paños tibios ni reformas cosméticas. Será mejor que el Gobierno lo entienda por el bien del país y por el futuro político de quienes lo conforman.
