Aunque indispensables, suenan extemporáneos los nuevos anuncios de que ahora sí se van a tomar medidas para controlar la invasión de tierras no aptas para vivienda, incluyendo persecución implacable a quienes comercian ilícitamente con ellas.
Esto es como llover sobre mojado porque el problema está más que diagnosticado en Panamá. Las autoridades saben que en todo el país hay 183 áreas de alto riesgo propensas a sufrir por inundaciones y deslizamientos, y cualquier familia que las habite vivirá en permanente peligro.
Lo que se requiere ahora, más que buenas intenciones ante los micrófonos, es que el Gobierno trabaje fuerte en atacar los tres factores que causan las tragedias, y que van más allá de la acción de la naturaleza: la pobreza que lleva a la gente a meterse a vivir donde primero pueda; la inmoralidad de algunos que se aprovechan de esa condición y trafican vendiendo terrenos inviables; y la falta de una política de vivienda que supere el déficit real que hay en Panamá. Todo se conoce, sólo falta la valentía para actuar.
