El debate sobre qué hacer con los menores de edad que delinquen, sean ladronzuelos o peligrosos asesinos, no puede quedarse solo en si se aumentan o no las penas para castigarlos. Esa es una parte del problema.
El fenómeno hay que verlo de manera integral y eso implica abordarlo desde por lo menos tres de sus aristas: prevención de la criminalidad; normativa que agilice la investigación y juzgue con eficacia los delitos (con sanciones que llenen las expectativas sociales, pero sin ir contra los tratados internacionales suscritos por Panamá en esta materia); y, por último, un verdadero sistema de rehabilitación, porque los actuales centros de resocialización son más escuelas del crimen, lugares que atropellan la dignidad humana y ahondan el resentimiento social de los infractores.
Esto implica pensar en una política de Estado para la atención integral de los menores. El reclamo airado de pronta y real justicia se entiende luego de los últimos crímenes, pero hay que tener cuidado porque un debate mal enfocado puede hacernos pensar que la fiebre está en las sábanas y no en el enfermo que en este caso, agoniza.