En esta versión del Macondo en que vivimos, hay hechos que aún tienen el poder de sorprendernos. En medio de la peor crisis de credibilidad que jamás haya sufrido la Corte Suprema de Justicia –producto de las denuncias de corrupción hechas por un propio miembro de esa institución el año pasado–, el Ejecutivo supo congelar los clamores ciudadanos que exigían una renuncia completa de la Corte, con el nombramiento de una "comisión" que reformaría la justicia.
Esa comisión nombró otra comisión –por supuesto– para redactar un nuevo Código Penal, y ésta ha recomendando el aumento de las penas cuando se "vulnera el honor", además de proponer un castigo a los medios de comunicación. Son los políticos y los funcionarios quienes por décadas han inundado las fiscalías con demandas por calumnia e injuria por considerar que los medios lesionan su honor.
Al final, serán los periodistas y los medios quienes carguen la pena, y será la Corte Suprema la que vele –en última instancia– por su estricto cumplimiento. ¡Y que viva la impunidad!
