Para nadie es un secreto que la justicia no es igual de justa para todos y que la transparencia informativa es un concepto elástico que los funcionarios manejan según la dirección en que sople el viento de los intereses.
Semanas después del operativo que, supuestamente, debe poner fin a las carreras ilegales de carros, uno de los misterios mejor guardados es el nombre de los 18 detenidos y liberados que, en teoría, deberán pagar multas por recuperar sus vehículos.
Esta opacidad informativa –a pesar de las insistentes peticiones de los periodistas– alimenta la sensación de que cuando el delincuente no tiene recursos o influencia se le expone implacablemente ante los medios aunque no haya sentencia en su contra; pero, cuando dinero o poder median, se protege el apellido del ciudadano sea cual sea su crimen. Si queremos que en Panamá se confíe en las autoridades policiales y de justicia, es necesario que los principios democráticos y de transparencia se instalen en esas oficinas blindadas por relacionistas públicos y excusas varias.
