Somos expertos en comisiones especiales que atienden de manera especial problemas muy especiales y que, al final de cuentas, no nos ofrecen soluciones –ni especiales ni normales–. Esperamos que eso no sea lo que pase con la comisión ad-hoc nombrada en la Asamblea Nacional para analizar las denuncias y las peticiones de destitución contra el nuevo Defensor del Pueblo.
El plazo de 30 días que se le impuso a la comisión, y que vence mañana, es más que suficiente para que los diputados acepten lo que ya la inmensa mayoría de panameños y panameñas sabemos: que la Asamblea se equivocó en la escogencia y que el señor García no es apto para el cargo.
Es una decisión que tarde o temprano habrá de tomar la Asamblea por lo que, ojalá resistan la tentación de ampliar el plazo o de perderse en los vericuetos legalistas de siempre. Aquí no se trata de jugadas políticas sino de un funcionario que, por sus propias acciones y desatinados pronunciamientos, carece de credibilidad y ha perdido la confianza del "pueblo" que está llamado a defender. Ojalá los honorables demuestren su voluntad antes de que perdamos la confianza en una institución que supo ganarse el respeto ciudadano.
