Independientemente del apoyo a las manifestaciones a favor o en contra del resurgimiento del certificado de antecedentes penales, lo cierto es que el clamor popular invita a analizar el tema a la luz del peso específico de los argumentos en la balanza social.
Si por un lado es innegable que pueden registrarse injusticias al mantener registros de personas con historial delictivo; por el otro lado, la amenaza que se cierne sobre la ciudadanía por desconocer el pasado de un criminal en potencia, es un riesgo muy alto para omitir una reflexión profunda y llegar a una conclusión salomónica que incluya, por ejemplo: el término de expiración de los datos, la vigencia y la validez de los ‘récord policivos’, como comúnmente se conoce este documento.
Lo innegable es que la situación actual no es beneficiosa para la sociedad y de ello dan cuenta los muertos a manos de trabajadores contratados sin conocer los antecedentes penales. Propiciemos la discusión saludable del tema que nos permita ratificar la mejor decisión.
