El nombramiento de allegados y conocidos en consulados y embajadas históricamente ha sido tratado como un atractivo botín del que cada cinco años festinan los más afortunados. Ya sabemos lo que sobre favores políticos prometió el entonces candidato, hoy presidente constitucional de Panamá, Martín Torrijos. Queremos ver ahora el cumplimiento de esas promesas.
Mientras 18 mil funcionarios no reciben siquiera un salario mínimo para mal vivir mensualmente y nos golpea la crudeza de un 37% de pobreza nacional; un puñado de individuos contabiliza sus rentas personales a costa de un descarado clientelismo político.
La ausencia de una carrera diplomática que regule ascensos y designaciones, sumado a la falta de una norma legal que obligue a los miembros del servicio exterior a rendir declaración pública de bienes, tan solo agrava la situación. Es hora de tomar acciones concretas y dejar de lado el discurso y las meras intenciones.
