Febrero inicia con otro feliz liberado de toda culpa, cortesía de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia. Pese a los afanes de la Contraloría y del Ministerio Público por investigar la posible comisión de un delito en perjuicio del Estado –y dicho sea de paso, de los bienes de todos los panameños- siete de los nueve magistrados han decidido truncar la investigación de raíz e impedir siquiera que las autoridades asomen sus narices para decirnos si hubo o no enriquecimiento injustificado durante la gestión del otrora ministro de Economía y Finanzas Norberto Delgado.
No nos sorprende el archivo del expediente pues ya se veía venir; lo que nos carcome, es el descaro de -aun en contra de precedentes judiciales- dictar un fallo que ni siquiera permite escudriñar someramente la actuación de un funcionario.
De qué sirve reclamar rendición de cuentas y seguridad jurídica si la interpretación y aplicación de la ley se manipula y tuerce según convenga o no al que la invoca. ¡Qué viva el Estado de Derecho!
