Aumentan las protestas en contra del alza significativa de la tarifa eléctrica con la que despertó el año 2006 a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Ello da pie y hasta sirve de excusa al encarecimiento de productos y servicios –incluidos la educación y la alimentación– en la factura mensual que ya nos llega abultada. Ni los subsidios estatales ni las razones de mercado parecen suficientes para tranquilizar a los ciudadanos quienes, al final, somos los que pagamos las cuentas.
Por qué ese empeño del Ente en resguardar la confidencialidad de los estados financieros cuando el propio Estado –y por ende cada panameño– es accionista de estas empresas de servicio público. Y en medio de esta situación, nos sorprende el silencio de las compañías de energía eléctrica. La transparencia es la mejor respuesta para la sospecha y deberíamos saber el porqué de los aumentos superiores a otros países vecinos. Y, en definitiva, si hay o no un plan B integral para enfrentar a corto, mediano y largo plazo el encarecimiento y evolución de este servicio básico.
