Los datos hablan de 11 mil 500 presos, seres humanos casi sin derechos, que sobreviven hacinados y con graves problemas de salubridad, cuando solo un 37% de la población recluida goza de una condena en firme. Detrás de esa fría cifra se esconde mucho más.
Calcina la conciencia saber que agentes de policía –quienes verdaderamente controlan los centros de reclusión– torturan a los presos y llegan a ocultar a estos hombres heridos para desvanecer las evidencias del delito.
El sistema penitenciario panameño viola los derechos humanos y recordarlo no es noticia; por años ha sido abiertamente condenado, local e internacionalmente. Como país seguiremos cargando el estigma mientras demos la espalda al compromiso que tenemos, de poner en marcha un plan serio e integral de revisión y modernización del sistema carcelario.
Cambiemos el discurso con un proyecto que incluya la parte sancionadora y la parte resocializadora, dos aristas de un mismo problema, de lo contrario, persistirá la vergüenza nacional.