No hay reto político más grande que el de enderezar el rumbo perdido de la administración de justicia. En esta tarea, los panameños estamos desamparados. Es evidente que los políticos –que en oposición pregonan cambios– apenas llegan al poder son incapaces de resistirse a manipular al tercer órgano del Estado.
Del Ministerio Público salen lamentos de incomodidad en los pocos casos que, en teoría, le han permitido investigar. Mientras, alegremente, el diputado denunciado sigue cobrando su salario y gozando de un estatus que, según todas las pruebas a disposición, no merece. Y transcurre el tiempo sin que se adelante una investigación oficial, dando con ello más oportunidad para desvanecer la evidencia y dejar a la vulnerable memoria, la decisión de este caso.
Los políticos siguen jugando con la paciencia de una ciudadanía que, como demuestra la última encuesta, ha sido consistente en su rechazo a la actuación de los magistrados y a la forma como los nuevos integrantes de la Corte fueron impuestos.
