Nos enfrentamos a otra alza de la tarifa eléctrica que si bien responde a decisiones del pasado, nos toca a todos pagar hoy. Pero aún nos queda el derecho a exigir a las empresas de servicio público, a todas, que respondan a una real economía de mercado donde se paga si a cambio se recibe un buen servicio.
Los panameños nos hemos ya acostumbrado a cortes de luz, a problemas en el suministro de agua potable, a viejas líneas telefónicas y, para colmo, a una lamentable atención al cliente. El ciudadano que paga, cuando entra a una oficina de atención es recibido como si tuviera que agradecer algo.
Así que, por un lado, las empresas deben lograr adecuar sus altísimas facturas al servicio que ofrecen, y los ciudadanos, por otro lado, tienen el deber de exigir y denunciar las ineficiencias y las vivezas. Claro, que para que esto último ocurra, es indispensable que las oficinas del Estado responsables del control y fiscalización de los servicios públicos sean confiables y amigables para el usuario. Ese es otro cuento.
