Por décadas ha permanecido en nuestro texto constitucional una prohibición obsoleta: aquella que limita solo a los panameños el ejercicio del comercio al por menor. Las constituciones han sido reemplazadas una y otra vez, pero esta norma ha permanecido intacta, a pesar de ser ajena a la realidad del país y del comercio.
Nuestra economía abierta y competitiva hace mucho tiempo eliminó de hecho esta restricción. Solo basta recorrer nuestras tiendas y comercios, o bien comer en alguno de nuestros restaurantes, muchos de ellos propiedad de extranjeros.
La prohibición constitucional no solo está desfasada, sino que produce un efecto dañino ya que –mientras exista formalmente en la Constitución– seguirá ahuyentando del país a inversionistas calificados que no están dispuestos a exponerse ni arriesgarse con subterfugios legales.
