Le asiste razón a quienes propugnan que sea de conocimiento público el contenido de los estados financieros de las empresas eléctricas. El alza generalizada de los costos de la electricidad que se avecinan, demanda un mayor escrutinio. Más allá de una revisión de los costos, los panameños tenemos el derecho de conocer y fiscalizar la actividad por múltiples razones.
No sólo se trata de empresas que tienen como socio al Estado -por ende, sujetas a la Ley de Transparencia- sino porque la actividad en sí, por su naturaleza, mantiene condiciones monopólicas que inhiben la libre competencia. Nadie debe cuestionar el derecho que tienen los actuales concesionarios de resarcir su inversión, pero es preciso balancear su interés con el derecho de los usuarios a demandar información veraz y oportuna, para que pueda el país conocer y discutir con propiedad la realidad de nuestra situación energética.
