Cuando a principios de año estalló otro de los escándalos que acompañan a los integrantes de la Corte Suprema, el Presidente de la República optó por nombrar una comisión. Meses después, y bajo el flamante nombre de Comisión de Estado por la Justicia, el grupo emitió una serie de recomendaciones, una de ellas, la más inmediata, incluía una autolimitación al Ejecutivo en cuanto a la designación de los nuevos magistrados.
Ayer, el presidente Torrijos manifestó que no cedería su prerrogativa de nombrar a los magistrados. Y el Presidente tiene razón, se trata de una potestad constitucional. También acierta cuando subraya que el sistema actual no es el problema, sino los abusos que se dieron del mismo. Pero resulta que la validez de la posición del mandatario deja en evidencia la futilidad de la Comisión.
Ocho meses después encontramos que la crisis de entonces ha empeorado, que la Corte es el símbolo que señala la ruta de la impunidad y que la mayoría de sus integrantes ha demostrado su total desprecio a cánones éticos mientras continúan emitiendo fallos vergonzosos. Presidente, nos ha hecho perder el tiempo.
La solución a la grave crisis de la justicia no se limita a la Corte Suprema, pero es iluso pensar en solucionar el problema mientras los actuales magistrados permanezcan en sus cargos.
