La ética no admite excusas. Ni en lo público ni en lo privado. Lo fácil, y necesario, es avergonzarnos de la decisión de la Asamblea Nacional de aferrase a sus exoneraciones haciendo justo lo contrario del "sentir del pueblo", ese que Elías Castillo prometía respetar al llegar a la presidencia de la institución.
Lo honesto es señalar también a los empresarios que se benefician del descaro institucional y que presionan para que no se acabe el gran negocio que sale de este abuso de las cuentas públicas. Lo cierto es que ya cansa a ciudadanos y medios señalar la actitud de los honorables diputados.
La verdad es que duele ver cómo no hay sector que no trate de jugar vivo y aprovecharse del Estado y de la impunidad reinante. La revolución pendiente en Panamá es la de la ética pública y privada, y, para ello, le corresponde a los ciudadanos practicar la "cero tolerancia" ante vecinos, compañeros, empresas o familiares que se jactan de sus actos de viveza y de sus robos de guante gris. La denuncia es el camino.
