La negativa de la Oficina de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, de permitir a ciudadanos conocer sobre las obras que habrán de construirse en la ciudad, es un ejemplo de lo lejos que estamos aún de cambiar esa cultura del hermetismo por una de transparencia.
La decisión del ingeniero municipal ha sido ahora respaldada por el Primer Tribunal de Justicia, en un fallo que es aberrante. Impedirnos el derecho que tenemos de conocer sobre los edificios que se pretenden construir en nuestra ciudad, so pretexto de que los "planos son obra intelectual de los arquitectos", es una torpeza que raya en la estupidez.
Tanto la Constitución como la Ley de Transparencia reconocen el derecho de todos de solicitar información sobre temas de interés colectivo, incluyendo los procesos que están en trámite. Además, la ley impone la obligación de consultas públicas precisamente para promover la participación ciudadana. Basta remitirse a la realidad: la participación ciudadana es crucial para acabar con el contubernio, amparado en el secretismo entre constructores y funcionarios, que nos ha legado el caos urbano que sufrimos a diario.
