La ciudadanía ha recibido otro duro golpe, que se convierte en un nuevo revés en la lucha contra la corrupción gubernamental. La bancada oficialista de la Asamblea Nacional rechazó la iniciativa originada en la sociedad civil que pretendía agilizar los procesos de enriquecimiento ilícito de funcionarios.
También se proyectaba ampliar la obligación de presentar declaración de bienes a otros servidores públicos que hoy día no tienen tal compromiso y, asimismo, se intentaba otorgar facultad a la Contraloría para auditar -en cualquier momento- dichas declaraciones patrimoniales.
Todo el esfuerzo por lograr más transparencia en la gestión pública, reforzar la rendición de cuentas y avanzar contra la corrupción ha sido desestimado por los diputados del PRD que mantienen un doble discurso y voltean el rostro a la hora de actuar responsablemente en la dirección que reclama el país.
