La denuncia hecha por algunos promotores inmobiliarios y empresarios de la construcción sobre la desigualdad que supuestamente crea el reglamento al impuesto sobre la renta -que pretende ser una normativa a la ley de equidad fiscal, pero que, muy por el contrario, va mas allá de la propia ley- permite discriminaciones y diferencias que en nada ayudan a promover las inversiones.
El asunto es de cuidado y reclama una postura clara y transparente de quienes, mediante la potestad reglamentaria, han incluido un beneficio que la ley eliminó. Tal y como ha sido denunciado el tema, deja muy mal parada a la Administración actual y su ley de equidad fiscal.
Lo menos que merecen los empresarios es un pronunciamiento, alto y claro por parte de las autoridades encargadas, de manera que se eche por tierra y elimine cualquier acotación sobre privilegiados y evasores fiscales. La comunidad productiva local no necesita saltar más obstáculos que los que ya enfrenta.