Otra vez la sociedad civil se manifiesta para poner en evidencia los vaivenes acomodaticios de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema, quienes abiertamente han inclinado la balanza de la justicia para beneficiar con medidas cautelares y otros privilegios a quienes gozan de influencia o conveniente cercanía a la justicia.
¿Seguiremos tolerando que en nuestra propia cara se nos espeten las pruebas fehacientes de lo retorcida y corrupta que anda la justicia panameña?
¿Cuánto más tendremos que aguantar hasta poner fin a este reinado antijurídico que cimenta su gloria al margen del derecho? Si la institucionalidad y la separación de los poderes no permiten injerencias nocivas, el poder ciudadano sí puede exigir cuentas por actuaciones antojadizas que pugnan con el estado de derecho que con tanta vehemencia hoy defendemos.
